Casos Insulares

Definición de los Casos Insulares

Los Casos Insulares fueron una serie de decisiones del Tribunal Supremo de EEUU tomadas a principios del siglo XX sobre el estatus legal de las antiguas colonias españolas de Filipinas, Puerto Rico y Guam. Había muchas cuestiones jurídicas sin respuesta cuando Estados Unidos se convirtió de repente en una potencia imperial. Territorios como Luisiana habían sido territorios incorporados, pero estas nuevas posesiones eran territorios no incorporados.

El Tribunal Supremo estadounidense tuvo que decidir cómo se aplicaban las leyes de Estados Unidos a estas tierras controladas por Estados Unidos pero que no formaban parte de él en pie de igualdad, pero también cómo se aplicaba la Constitución a los habitantes de estos territorios.

Oficina de Asuntos Insulares

¿Por qué se llamaban "Casos Insulares"? Porque la Oficina de Asuntos Insulares supervisaba los territorios en cuestión bajo la autoridad del Secretario de Guerra. La Oficina se creó en diciembre de 1898 específicamente con ese fin. "Insular" se utilizaba para designar una zona que no formaba parte de un estado ni de un distrito federal, como Washington DC.

Aunque la denominación más común era "Oficina de Asuntos Insulares", sufrió varios cambios de nombre. Se creó como División de Aduanas y Asuntos Insulares antes de cambiar a "División de Asuntos Insulares" en 1900 y a "Oficina de Asuntos Insulares" en 1902. En 1939 sus funciones pasaron a depender del Departamento del Interior, con la creación de la División de Territorios y posesiones insulares.

Fig. 2 - Puerto Rico fue uno de los territorios que Estados Unidos adquirió tras la Guerra Hispanoamericana.

Casos insulares: Historia

La Constitución de Estados Unidos se creó para gobernar un país que se había apartado del poder imperial, pero no se pronunciaba sobre la legalidad de convertirse en una potencia imperial. El Tratado de París entre Estados Unidos y España, que puso fin a la Guerra Hispanoamericana y cedió los territorios en cuestión, respondió a algunas preguntas, pero otras quedaron abiertas. La Ley Foraker de 1900 definió más claramente el control estadounidense de Puerto Rico.

Además, Estados Unidos administró Cuba durante un breve periodo desde el final de la guerra hasta su independencia en 1902. Correspondió al Tribunal Supremo analizar la ley y determinar qué significaba ser residente de estas colonias. ¿Eran parte de EEUU o no?

Preguntas sobre la ciudadanía

El Tratado de París permitía a los residentes de las antiguas colonias españolas nacidos en España conservar su ciudadanía española. Del mismo modo, la Ley Foraker permitía a los ciudadanos españoles que vivían en Puerto Rico seguir siendo residentes en España o convertirse en ciudadanos de Puerto Rico. El tratamiento que la Ley Foraker daba a Puerto Rico permitía a Estados Unidos nombrar a su gobierno y decía que esos funcionarios debían prestar juramento tanto a la Constitución estadounidense como a las leyes de Puerto Rico, pero nunca dijo a los residentes que eran ciudadanos de otra cosa que no fuera Puerto Rico.

Cuestiones controvertidas resumidas

La cuestión de si la Constitución estadounidense se aplicaría o no a los nuevos territorios adquiridos por Estados Unidos fue un tema controvertido debido a varias razones:

1. Estatus jurídico y político: La adquisición de nuevos territorios planteaba una cuestión jurídica novedosa: ¿Debían considerarse estos territorios extranjeros o nacionales según la Constitución? La Constitución no era explícitamente clara al respecto. Si estos territorios se consideraban nacionales, estarían bajo plena protección constitucional. Si se consideraban extranjeros, no lo estarían.

2. Factores culturales y raciales: Muchos habitantes de los territorios recién adquiridos eran de orígenes raciales, culturales y lingüísticos diferentes a los de la población mayoritaria del territorio continental de Estados Unidos. A algunos políticos y ciudadanos estadounidenses les preocupaba integrar a estas poblaciones en Estados Unidos y concederles plenos derechos constitucionales.

3. Consideraciones económicas: Existían motivaciones económicas para mantener estos territorios en un estatus legal separado. Por ejemplo, imponer leyes estadounidenses, incluidas leyes laborales y aranceles, podía tener importantes implicaciones económicas.

4. Ambiciones coloniales frente a ideales democráticos: Estados Unidos se había enorgullecido de ser una nación opuesta al colonialismo. Sin embargo, la adquisición de territorios a España tras la Guerra Hispano-Estadounidense convirtió a EEUU en una potencia colonial. Aplicar la Constitución en su totalidad podría allanar el camino hacia la estatalidad de estos territorios, algo que muchos estadounidenses no estaban dispuestos a aceptar.

Casos Insulares: Fechas

Los estudiosos de la historia y el derecho suelen señalar nueve casos de 1901 como los "Casos Insulares". Sin embargo, hay desacuerdo sobre qué otras decisiones posteriores, si las hay, deben considerarse parte de los Casos Insulares. El jurista Efrén Rivera Ramos cree que la lista debería incluir casos hasta Balzac v. Porto Rico en 1922.

Señala que éste es el último caso en el que la doctrina de la incorporación territorial desarrollada por los casos insulares sigue evolucionando y describiéndose. En cambio, los casos posteriores mencionados por otros estudiosos sólo tratan de la aplicación de la doctrina a casos concretos.

Una figura clave de los Casos Insulares de este periodo fue Henry Billings Brown (1836-1913), que fue juez asociado del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 1891 a 1906. Es famoso sobre todo por su opinión mayoritaria en el caso Plessy contra Ferguson (1896), una decisión histórica que defendía la segregación racial según la doctrina de "separados pero iguales".

En este caso, Brown escribió la opinión mayoritaria que confirmaba las leyes estatales que exigían la segregación racial en las instalaciones públicas en virtud de la doctrina de "separados pero iguales", una sentencia que desempeñó un papel clave en la perpetuación de la segregación racial hasta que fue finalmente anulada por el caso Brown contra el Consejo de Educación en 1954.

Fig. 3 - Henry Billings Brown (1836-1913) fue juez asociado del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 1891 a 1906.

Casos Insulares: Sentencias

Downes v. Bidwell y De Lima v. Bidwell fueron dos casos vinculados sobre los aranceles aplicados a las importaciones procedentes de Puerto Rico que entraban en el puerto de Nueva York, con repercusiones para toda la relación jurídica de Estados Unidos con los territorios no incorporados.

En De Lima, se habían cobrado aranceles de importación como si Puerto Rico fuera un país extranjero, mientras que en Downes se había cobrado una tasa aduanera mencionada explícitamente en la Ley Foraker. Ambos argumentaron que el Tratado de París había convertido a Puerto Rico en parte de EEUU.

Downes argumentó específicamente que la Ley Foraker era inconstitucional al imponer tasas a las importaciones procedentes de Puerto Rico porque la Cláusula de Uniformidad de la Constitución establecía que"todos los derechos, impuestos y arbitrios serán uniformes en todo Estados Unidos" y ningún estado pagaba tasas de importación de un estado a otro.

El tribunal estuvo de acuerdo en que Puerto Rico podía considerarse un país extranjero a efectos arancelarios, pero discrepó en que fuera aplicable la Cláusula de Uniformidad. ¿Cómo pudo ser así?

Incorporación territorial

De estas decisiones surgió el nuevo concepto de incorporación territorial. Cuando el Tribunal Supremo esbozó la doctrina de la Incorporación Territorial, decidió que existía una diferencia entre los territorios destinados a convertirse en estados de la Unión y los territorios que el Congreso no tenía intención de permitir que se incorporaran.

Estos territorios no incorporados no estaban protegidos por la Constitución automáticamente, y correspondía al Congreso decidir qué elementos de la Constitución se aplicarían a dichos territorios no incorporados caso por caso. Esto significaba que los ciudadanos de estos territorios no podían ser considerados ciudadanos de Estados Unidos y sólo tenían tantas protecciones constitucionales como el Congreso decidiera otorgarles.

Las primeras decisiones que esbozaban esta doctrina contenían un lenguaje abiertamente discriminatorio desde el punto de vista racial, que explicaba la opinión de los jueces de que los habitantes de estos territorios podían ser racial o culturalmente incompatibles con el sistema jurídico estadounidense.

Los residentes de Puerto Rico recibirían posteriormente la ciudadanía estadounidense mediante la Ley Jones-Shaforth de 1917. Esta ley fue firmada por Woodrow Wilson para que los puertorriqueños pudieran alistarse en el ejército estadounidense para la Primera Guerra Mundial, y más tarde incluso formaron parte del servicio militar obligatorio. Como esta ciudadanía es por una ley del Congreso y no por la Constitución, puede ser revocada, y no todas las protecciones constitucionales se aplican a los puertorriqueños que viven en Puerto Rico.

Importancia de los Casos Insulares

Los efectos de las sentencias de los Casos Insulares siguen sintiéndose más de un siglo después. En 2022, el Tribunal Supremo confirmó la doctrina de la incorporación en el caso Estados Unidos contra Vaello-Madero, en el que se ordenó a un puertorriqueño que había estado viviendo en Nueva York que devolviera 28.000 dólares en prestaciones por incapacidad después de trasladarse de nuevo a Puerto Rico, porque no tenía derecho a la prestación nacional estadounidense para personas incapacitadas.

El complicado estatus jurídico creado por los Casos Insulares dio lugar a territorios como Puerto Rico y Guam, donde los residentes pueden ser ciudadanos estadounidenses que pueden ser reclutados para la guerra pero no pueden votar en las elecciones estadounidenses, pero también experimentan diferencias como no tener que pagar esencialmente el impuesto sobre la renta estadounidense. Los casos fueron controvertidos en su momento, con muchos casos de votación de cinco contra cuatro.

El razonamiento sesgado de las decisiones sigue siendo controvertido hoy en día, e incluso los abogados que defendieron a Estados Unidos en el caso Estados Unidos contra Vaello-Madero admitieron que"algunos de los razonamientos y la retórica que allí se exponen son obviamente anatema".